Por: Ricardo Newes / Ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)
Hace unos días, en la Cámara Nacional de Comercio, tuve la oportunidad de conocer personalmente el trabajo que se encuentra realizando la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien, pese al impacto mediático que ha generado su labor, está simplemente ejerciendo el rol de la institución que lidera que es ejercer la máxima fiscalización y control de la legalidad en la administración pública.
No nos debería sorprender que una autoridad autónoma, con rango constitucional, realice su tarea que es asegurar el cumplimiento del marco legal y la probidad en la gestión pública, y no haberse convertido en una figura atípica e insólita que encarna excepcionalmente la transparencia y la confianza en el Estado chileno.
Pese a ello, no nos han dejado de impresionar las fiscalizaciones lideradas por la contralora: cerca de 2.400 fiscalizaciones realizadas en el último periodo, más de 224 mil actividades de control vinculadas a declaraciones de patrimonio, proyectos rendidos, y observaciones en seguimiento, 24 informes sobre listas de espera en hospitales, 16 reportes sobre recepción y destrucción de droga incautada, 6 sobre control de armas y municiones, más de 100 vinculados a educación y 96 sobre situación presupuestaria, más el uso de recursos en municipios durante períodos electorales.
Y eso no es todo: más de 18 mil exámenes de juridicidad de actos administrativos y casi 32 mil dictámenes jurídicos, más de 57 mil informes contables y presupuestarios procesados, con la impresionante suma de más de $49 billones de pesos refrendados.
Como caso emblemático, que provocó un fuerte escándalo, 1.100 renuncias y casi 7 mil sumarios administrativos, todos aplaudimos la fiscalización que detectó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, mientras estaban con licencia médica, basándose en el solo cruce de más de 5 millones de licencias médicas y más de un millón de registros migratorios.
Al parecer, con este simple mecanismo de cruce de información de bases de datos de organismos públicos, la Contraloría ha anunciado una treintena de nuevas fiscalizaciones masivas. Estarían en proceso investigaciones a médicos del sector público que habrían solicitado o auto otorgado licencias médicas para realizar actividades en clínicas privadas, fiscalización sobre el uso de licencias médicas en el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, detección de funcionarios públicos que trabajan simultáneamente en el sector privado, investigación focalizada en las direcciones de Obras Municipales, y fiscalizaciones en áreas sensibles como seguridad municipal, uso del agua, deudas de universidades, hospitales sin médicos, y uso de propiedades fiscales.
El quehacer de la Contraloría, con el liderazgo de quien cuenta con casi 20 años de trayectoria en dicha entidad, me lleva a la reflexión de que una institución del Estado haciendo su trabajo, sin duda, hoy más que nunca, nos devuelve la esperanza en nuestro país, donde la mayoría considera a Chile bastante o totalmente corrupto, percepción que afecta negativamente la confianza en toda nuestra sociedad.
Esta desconfianza se grafica día a día en la calidad, equidad y capacidad de respuesta de los servicios públicos, que diariamente generan innumerables reclamos por parte de sus beneficiarios, así como en la percepción generalizada de falta de integridad de nuestra institucionalidad pública, lo que se convierte en un desafío importante para el fortalecimiento democrático y el desarrollo del país que recae, en esencia, en las próximas autoridades que regirán nuestros destinos.
La labor de Dorothy Pérez no me cabe duda que representa a miles de funcionarios públicos, quienes en los distintos sectores que conforman nuestra institucionalidad pública, realizan día a día su trabajo con profesionalismo, compromiso, transparencia y probidad, pero por el mal proceder de algunos, estamos increíblemente expectantes de los nuevos resultados de las investigaciones de la Contraloría.
Bajo estas circunstancias, es esencial entonces volver relevar el trabajo que realiza la Contraloría General de la República, porque simboliza la modernización institucional, que por años muchos hemos promovido para eficientar el gasto público, y el fortalecimiento del control preventivo en sectores claves para nuestro país como son la salud, educación, gobiernos locales y fuerzas armadas, y que es tan necesario en otros como el comercio ilegal, el narcotráfico y la seguridad pública en general y, por qué no plantearlo, en el mundo privado y su relación con el sector público.
Los chilenos necesitamos creer en nuestras instituciones, que hagan su trabajo y dar un buen servicio a la ciudadanía. En esta línea, es clave reforzar el control de los recursos estatales y colaborar decisivamente todos, los públicos, privados y la ciudadanía completa, en la prevención y sanción de la corrupción en Chile. Este ejemplo de rigurosidad en la tarea pública, nos permite avanzar en el tan anhelado desarrollo económico y social que muchos vociferan, pero que no aportan en su concreción.
Dejemos que las malas prácticas en todos los ámbitos públicos y privados vayan en retirada de nuestra idiosincrasia, repliquemos la transparencia y la probidad en nuestro trabajo, para que vuelva la credibilidad que Chile necesita y se merece.