JEANNETTE JARA.

RIESGOS CAMPAÑA:

Techo electoral y desventaja en balotaje. Las series recientes la muestran competitiva en primera vuelta, pero sistemáticamente desfavorecida en segunda frente a José Antonio Kast y, en varias mediciones, también frente a Evelyn Matthei. Eso reduce los incentivos de adhesión de votantes moderados al proyectarse una derrota en el balotaje.
Señal económico-perceptual por filiación comunista. Su pertenencia al PC ancla percepciones de mayor intervención estatal y presión regulatoria/tributaria, con potencial efecto sobre expectativas de inversión. Persiste la idea de que un gobierno encabezado por una dirigente comunista sería menos sensible a producción y crecimiento.
Continuidad del oficialismo. La oposición ha instalado el marco de “continuidad de Boric”, asociándola a una evaluación negativa del Gobierno. Ese encuadre eleva el rechazo cruzado y dificulta expandir el voto hacia sectores moderados o desencantados.
Seguridad. Desventaja narrativa frente a la “mano dura”. La alta preocupación por criminalidad ordena preferencias. La derecha, en particular Kast, capitaliza ese clivaje y obliga a Jara a demostrar eficacia en control del delito sin erosionar su base progresista.
Cohesión y coordinación del bloque. La amplitud de la alianza y la competencia parlamentaria generan fricciones en mensajes y prioridades, con riesgo de desalineación, especialmente en el flanco progresista (por ejemplo aborto). Ello puede diluir la señal de unidad que necesita para crecer.
Política exterior. Poco especificada públicamente. Eso facilita ataques por “incertidumbre internacional” y reaviva críticas sobre eventuales ambigüedades frente a Venezuela u otros regímenes no democráticos.

RIESGOS GOBIERNO.

Gobernabilidad y disciplina legislativa. Un Congreso fragmentado y una coalición heterogénea exigen ingeniería política fina para sostener reformas.
Sostenibilidad fiscal e inversiones. Un programa percibido como expansivo, sin reglas claras de priorización y gradualidad, puede gatillar mayor percepción de riesgo y resistencia de actores económicos y capas medias.
Agenda laboral y costos. La priorización de nuevas regulaciones laborales puede exigir nuevas adaptaciones sectoriales, sobre una base ya tensionada por la implementación de las 40 horas y por la agenda previsional. Sin apoyo a pymes y mayor fiscalización, puede acumular costos políticos.
Política exterior y alineamientos. La ausencia de definiciones tempranas en comercio, integración regional y coordinación con socios OCDE se traduce en “costos de aprendizaje” y ventanas de incertidumbre. Clarificar prioridades y su secuencia de implementación es clave para dar confianza.
Equipos y cuoteo. La necesidad de balancear sensibilidades internas eleva el riesgo de cuoteo ministerial y rotación de equipos, afectando coherencia y tramitación de proyectos complejos. Persisten riesgos de tensiones entre corrientes identitarias y pragmáticas en lógica de “dos almas”.

JOSE ANTONIO KAST.

RIESGOS CAMPAÑA:

Dependencia de agenda “mano dura”. La centralidad del “gobierno de emergencia”, refuerzo a policías/FF.AA., control fronterizo y expansión carcelaria concentra la conversación, pero deja menos espacio para salud, educación y cuidados. Sin propuestas concretas y vocerías especializadas, puede generar costos en segmentos como mujeres y jóvenes. Si el tono se extrema, puede activar críticas por eventuales afectaciones a libertades y garantías.
Nexos internacionales polarizantes. Su cercanía al ecosistema del Foro Madrid moviliza a su base, pero facilita encuadres adversos (ultraderecha/aislamiento) en electorado moderado y despierta temores de regresiones en derechos.
Tercera postulación y fatiga. Tras dos candidaturas previas, la comparación con 2021 reabre flancos ya conocidos. Si no renueva relato económico-social, aumenta el desgaste y se reduce el atractivo para indecisos.
Tensiones intraderecha y coordinación parlamentaria. La derecha compite con pactos separados. Traspasos desde la derecha tradicional hacia Kast y fricciones recíprocas pueden desordenar el “voto útil” y entorpecer eventuales diálogos de segunda vuelta.
Perfil ideológico. Facilita campañas negativas y puede activar voto antifigura, especialmente si se intensifica el debate sobre derechos fundamentales y garantías.

RIESGOS GOBIERNO.

Congreso fragmentado. Sin una coalición única de derechas, los costos de transacción para reformas estructurales serían altos. Se agravan si persiste una narrativa polarizante.
Judicialización de medidas excepcionales. Un esquema de emergencia con endurecimiento penal y migratorio podría gatillar litigios y tensiones con estándares de DD.HH., si no se acompaña de salvaguardas, evaluación de impacto y control parlamentario.
Expectativas en seguridad. Si los indicadores delictuales no mejoran con rapidez o la percepción ciudadana sigue negativa, la presión por “escalar” medidas aumentará, con riesgo de rendimientos decrecientes y desgaste político acelerado
Política exterior y alineamientos. Un giro nítido hacia alianzas de derecha dura puede complicar relaciones con gobiernos y foros de sensibilidad distinta, afectando cooperación y apoyos multilaterales. Requiere una doctrina pragmática que proteja inversión y coordinación regional.
Agenda económico-social bajo la sombra del orden. La prioridad en seguridad puede postergar competitividad, productividad y una eventual reforma tributaria. Crisis de seguridad persistentes consumirían capital político y dificultarían acuerdos.
Coordinación territorial. La implementación en seguridad y migración exige trabajo fino con municipios, gobiernos regionales, policías y servicios. Sin incentivos, capacidades y financiamiento adecuados, la ejecución será heterogénea y generará costos políticos concentrados.

EVELYN MATTHEI.

RIESGOS CAMPAÑA:

Fragmentación del voto de derecha y “voto útil” hacia Kast. La derecha compite en tres frentes (Matthei, Kast y Kaiser). Matthei no mejora en encuestas y han surgido respaldos de figuras —especialmente de RN— hacia Kast, ya sea por su mejor posicionamiento o por afinidades programático-ideológicas. Ese cuadro incentiva la migración táctica de votos.
Costo reputacional por declaraciones sobre la dictadura. Sus dichos de abril (“no había otra alternativa” y “era inevitable” que hubiese muertos en 1973–74) generaron reproche en electorados moderados y dañaron el posicionamiento de campaña. El episodio dejó la impresión de una estrategia errática para captar a la derecha más dura.
Señal fiscal de su propuesta tributaria. La rebaja del impuesto corporativo es atractiva para la inversión, pero abre un flanco sobre sostenibilidad fiscal y compensaciones, que la competencia puede explotar si no se explicita un ancla clara.
Fatiga de liderazgo y trayectoria expuesta. Como figura histórica (exministra y ex congresista), enfrenta un ciclo de demanda por renovación. Sin un relato económico-social actualizado y consistente, el desgaste comparativo frente a alternativas “anti-establishment” se acentúa.

RIESGOS GOBIERNO.

Gobernabilidad con Congreso hiperfragmentado. Aun con Chile Vamos y Demócratas, la mayor presencia de Republicanos y libertarios perfila derechas fragmentadas, elevando los costos para articular mayorías estables y coherentes.
Relación con la derecha dura y construcción de mayorías. La distancia programática con Republicanos y el pacto “Cambio por Chile” puede traducirse en apoyos intermitentes o condicionados en seguridad, migración y reformas institucionales. Su administración deberá definir con claridad el marco de cogobernabilidad con ese sector.
Consistencia fiscal de su programa. La rebaja corporativa requiere una reforma tributaria con reglas, compensaciones y secuencia presupuestaria creíbles, para evitar deterioro de expectativas y resistencia legislativa. Sin acuerdo amplio, el riesgo es una reforma de nicho con bajo avance.
Gestión de expectativas en seguridad y servicios sociales. El tono crítico hacia la administración actual eleva la vara de resultados tempranos. Si la implementación es gradual o enfrenta restricciones presupuestarias y de capacidades, el desgaste puede acelerarse, especialmente en crimen, salud y educación.

JOHANNES KAISER.

RIESGOS CAMPAÑA:

Posicionamiento identitario y polarización. Su oferta centrada en “mano dura” (seguridad y migración) y reducción del Estado moviliza nichos, pero eleva el rechazo en electorado moderado y facilita campañas negativas por “extremismo”, limitando su crecimiento.
Controversias sanitarias y de género. Declaraciones erróneas sobre vacunas —luego rectificadas— y antecedentes de dichos que cuestionaron el voto femenino reactivan flancos reputacionales y pueden activar veto ciudadano, especialmente entre mujeres y jóvenes.
Competencia intraderecha y “voto útil” hacia Kast. Al compartir eje programático con Kast (Republicanos), se fragmenta la oferta y tiende a concentrarse el “voto útil” en el candidato mejor posicionado, reduciendo su rendimiento en primera vuelta.
Capilaridad organizacional limitada. El PNL, de formación reciente y apoyado principalmente en redes sociales, cuenta con implantación territorial acotada, Esto restringe despliegue, fiscalización y levantamiento de agenda más allá del mundo digital útil en nichos, insuficiente para mayorías.
Brecha entre bases y campaña. Expectativas formadas por mensajes previos —más duros o maximalistas— pueden no coincidir con ajustes tácticos de la campaña, generando disonancias y frustración en parte de sus adherentes.

RIESGOS GOBIERNO.

Gobernabilidad con representación acotada. Un eventual gobierno enfrentaría un Congreso fragmentado y sin anclaje propio suficiente; sin coalición amplia, los costos de transacción para reformas serían altos y la agenda podría paralizarse.
Judicialización de políticas de “mano dura”. Endurecimientos en migración, orden público o facultades policiales que no se ajusten a estándares constitucionales y de DD.HH. gatillarían acciones ante TC/tribunales y organismos de control, ralentizando la ejecución.
Polarización y estancamiento legislativo. Un estilo confrontacional puede profundizar la polarización social y dificultar acuerdos transversales, bloqueando reformas y presupuestos.
Capacidad estatal y ejecución. Reducir el Estado sin planes de transición institucional claros genera cuellos de botella administrativos, pérdida de capacidades críticas y demoras en servicios, además de tensiones con un Congreso reticente.
Gestión de orden público y conflictividad social. La aplicación de políticas rígidas, sin componentes preventivos y de integración social, aumenta el riesgo de protestas, denuncias por abusos y sobrecarga del sistema penitenciario, con costos reputacionales y políticos elevados.

FRANCO PARISI.

RIESGOS CAMPAÑA:

Estructura partidaria debilitada y recursos acotados. El PDG tuvo un desempeño relevante en 2021, pero en 2024 quedó sin representación, reduciendo capilaridad territorial (apoderados, fiscalización y despliegue en regiones).
Controversias personales reactivables. La deuda de pensión de alimentos y su tratamiento público siguen siendo un flanco reputacional que reabre dudas de credibilidad, aun cuando el propio candidato reconoció errores y regularizó su situación judicial.
“Mano dura” con riesgo de rechazo moderado. La consigna “bala o cárcel” ordena el discurso en seguridad y eleva expectativas, pero puede generar costos en electores moderados y entre expertos si no se acompaña de una política integral y basada en evidencia.
Dependencia de la estrategia digital. El éxito de 2021 se apoyó en campaña remota/redes. Con voto obligatorio, una operación territorial débil puede traducirse en brecha entre intención declarada y voto efectivo.
Programa económico percibido como enunciativo. Si la narrativa se concentra en seguridad y alivios tributarios sin detallar senda fiscal y productiva, se abre espacio para cuestionar viabilidad y sostenibilidad de las propuestas.

RIESGOS GOBIERNO.

Gobernabilidad sin bancada propia. La ausencia de representación parlamentaria obligaría a construir mayorías caso a caso, elevando costos de transacción y el riesgo de parálisis legislativa.
Judicialización de políticas punitivas. Medidas inspiradas en “bala o cárcel” o endurecimientos expeditos en migración/orden público podrían tensionar estándares constitucionales y de DD.HH., activando litigios y controles que retrasen la ejecución.
Capacidades estatales y equipos técnicos. La instalación rápida de un gabinete con experiencia sectorial y anclaje legislativo sería crítica. La orgánica del PDG y sus problemas administrativos recientes sugieren riesgo de capacidades para diseñar y ejecutar políticas; sin ancla fiscal clara, es difícil convocar apoyos técnicos estables.
Expectativas desancladas. Un cúmulo de promesas con baja factibilidad política o presupuestaria puede traducirse en rápida pérdida de confianza y desgaste temprano de la administración.